Los pozos ilegales en España

28/02/2019· Pozos

Ya en el año 2006, en España se había reconocido la existencia de, al menos, 510.000 pozos ilegales repartidos por todo el territorio. La gran parte de estos pozos realizados ilegalmente y sin licencia tienen como objetivo principal el aprovechamiento de aguas subterráneas para tareas como el regadío. Actualmente, el Ministerio de España estima que la cifra podría haber ascendido considerablemente y superar el millón de pozos ilegales.

Colectivos preocupados por el medio ambiente como Greenpeace han mostrado su descontento con estos temas por la importante cantidad de agua que se extrae del subsuelo y que se gasta de manera ilegal. Además, consideran que esta práctica produce estragos sobre el agua, hace disminuir el caudal de los ríos y fomenta su contaminación.

Toda excavación y todo proceso de excavación para la realización de un pozo tiene que tener un previo permiso y se realizado por profesionales en el sector. En Sondeos Río Miño somos especialistas en pozos de barrena para la extracción de agua del subsuelo, no dudes en contactar con nosotros.

 

¿Como realizamos pozos de barrena?

- Perforamos el terreno, dependiendo de la zona la profundidad de esa perforación será mayor o menor

- Se lleva a cabo el entubado del pozo

- Se instala una bomba para la extracción del agua

En relación a esto, existe la conocida Ley de Aguas, el objetivo de la misma es regular el uso del agua y su dominio público hidráulico, así como establecer unas normas básicas de protección de aguas.

 

Objetivos de la Ley de Aguas

"Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el artículo 149 de la Constitución.

2. Es también objeto de esta ley el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación específica que les sea de aplicación.

3. Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico.

4. Corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico.

5. Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2.”